SISTEMA DE PESOS Y CONTRA PESOS, TEORÍA POLÍTICA MODERNA

SIN FRENOS NI CONTRAPESOS

Mucho más allá del presidencialismo y parlamentarismo: democracia deliberativa y división de poderes en el siglo XXI.

La división de poderes como principio rector de la teoría política moderna es, en su fin, un principio eminentemente democrático.

Se observa que el constitucionalismo desarrolló, un sistema institucional y una idea de división de poderes claramente elitistas, con gran desconfianza al debate público, a la participación ciudadana y a las decisiones mayoritarias, limitando a sus representantes en el poder legislativo con institutos contra mayoritarios e instituciones como el poder judicial o un juicio por jurados escabinado aristocrático y por último, con un poder ejecutivo que cuenta con facultades que lo hacen temible y pasible de ser considerado un pseudo monarca constitucional, el sistema representativo y la idea de división de poderes pueden identificarse como los pilares fundamentales conjuntamente con la declaración de derechos del constitucionalismo occidental moderno.

Podemos ver a lo largo de doscientos años de constitucionalismo global, que el poder estatal y su separación de poderes debieron aprender a cohabitar en la arena política con nuevos actores del poder, institucionales y extrainstitucionales. El constitucionalismo clásico configuró la división de poderes en un marco histórico en el cual el Estado era el actor principal de poder. Gradualmente el sistema vio surgir nuevos protagonistas dentro de la división clásica, como satélites de otros poderes o directamente fuera de su estructura.

La división de poderes es una garantía y un medio para la concreción de un fin último que es la garantía de los derechos. La misma división de poderes no aparece como algo sencillo de precisar y tipificar. Siempre fue un concepto ambiguo y en grado indeterminado. Es justamente el constitucionalismo el primer intento de la modernidad de limitar razonablemente al poder. Acotar su actuar, dividir y equilibrar, procurando proteger al ciudadano. El sistema de frenos y contrapesos es uno de los más influyentes modelos. Se le contrapone la visión de la separación funcional de poderes. Muchas veces ambas concepciones son confundidas y se encuentran habitando un mismo sistema y texto constitucional, lo que produce dificultad a la hora de encarar la resolución de conflictos inter poderes. Actualmente es distinto a las condiciones vividas y hasta imaginadas originalmente por las figuras políticas de los principales momentos constitucionales.

La virtud inherente tanto al sistema de frenos y contrapesos como a los prototipos más genéricos de división de poderes es que dicha situación, enfrentaba las ambiciones para los federalistas; era precondición para ser garantía contra la mutua opresión. Los federalistas señalaban que la acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos constituía la definición misma de la tiranía.  Por esta situación un amplio número de los teóricos creía que debían levantarse barreras constitucionales al poder popular, puesto que el pueblo no sería sino una turba indisciplinada, una continua amenaza a la ley, al gobierno ordenado y a los derechos de propiedad. Adquiere sentido en ese contexto identificar que obviamente el modelo de deliberación triunfante en los esquemas institucionales no haya sido el democrático radical sino el elitista conservador; usualmente restringido a las personas con poder económico.

La concepción de la democracia pensada por Carlos Nino difiere sustantivamente de la mayoría de las posibles alternativas observables en el catálogo de teorías de la democracia. Su original justificación epistémica de la democracia se conecta con su elemento deliberativo, potenciándose considerablemente. Podemos separar el concepto de democracia deliberativa, al efecto de realizar una definición conciliatoria, destacando que al decir que el modelo incluye la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los que han de ser afectados por la decisión o por sus representantes, ésta es la parte democrática. Asimismo al describir que la toma de decisiones por medio de argumentos por y para los participantes que están comprometidos con tos valores de la racionalidad e imparcialidad, ésta es la parte deliberativa.

Se refuerzan las magnitudes de los conflictos inter poderes por la legitimación doble en el sistema institucional presidencial, entre el legislativo y el ejecutivo, con mandatos rígidos y entrecruzados. Debemos sumar las particulares consecuencias de la personalización del poder que hacen que el sistema institucional sea dependiente del presidente. Si existe fragilidad presidencial, el mismo sistema institucional es frágil. Cuando cae el presidente todo vuelve a cero. Por eso la lucha del presidencialismo es muchas veces todo o nada.

El poder judicial puede contribuir excepcionalmente custodio de las reglas del proceso democrático de la autonomía personal, que implica rechazar normas con fundamentos perfeccionistas, y de la continuidad de la propia práctica constitucional. Se puede decir que no tiene fuerza ni voluntad, sino sólo juicio; y debe depender en última instancia de la ayuda del poder ejecutivo para la eficacia de sus sentencias. En este contexto es el más débil de los poderes; nunca podrá atentar con éxito contra ninguno de los otros dos.

Más allá de reconocer en el poder judicial cierta incidencia institucional, es relativa o por los otros poderes. Así, Ely dice: "Es posible que la Corte no tenga ni la espada ni la bolsa", observando que "puede ser cierto que la Corte no sea capaz de desviar permanentemente la voluntad de una sólida mayoría", reconociéndole capacidad al menos para retrasarla o relativizarla. Puede parecer paradójico que el depositario de la prudencia reflexiva no tenga en definitiva sino sólo eso: un juicio, no puede nunca actuar, contrapesar o frenar, sino a través de la razón, dado que carece de toda fuerza y capacidad institucional.

Por supuesto siempre que actúe positivamente, y no se mantenga, en temas centrales de las democracias contemporáneas, sin expedirse consciente o inconscientemente. En ocasiones, sus virtudes pasivas pueden resultar omisiones lesivas, impidiendo que, efectivamente, tenga un poder de control frente a los embates provenientes tanto de ejecutivos fuertes como de instituciones mayoritarias y también imposibilitando que sea guardián de los procedimientos democráticos cuando la fuerza se impone, más allá del debate en tomo al poder judicial y su control de constitucionalidad, el activismo judicial, su rol de árbitro y su carácter contra mayoritario, debemos reconocer que tal vez, no se encuentre ni fáctica ni idealmente bien dotado institucionalmente para contrarrestar al autoritarismo de los otros poderes, frente a regímenes de fuerza. Se mantiene la duda respecto a la capacidad de control ya sea, teórico, retórico o material, del poder judicial, lo que desnaturaliza absolutamente al modelo de frenos y contrapesos y la misma pretendida división de poderes. Esto nos impide reconciliar al poder judicial tal cual lo conocemos, con el hecho del pluralismo del poder, su capacidad de ser última voz, en una democracia con disensos razonables e irremediables.

EL salto entre el mundo del ser y del deber ser, no se puede hacer por cualquier punto del abismo que hay entre ellos sino a través del puente apropiado. Los sistemas presidencialistas, en general, se encuentran sin frenos ni contrapesos. Si concebimos como epicentro la democracia deliberativa será contraintuitivo pensar en exactamente los mismos términos de frenos y contrapesos, al momento de innovar institucionalmente. Pese a algunas pequeñas variaciones, los modelos institucionales para la democracia son escasos, y además la diversidad no es tan amplia como la de las condiciones bajo las cuales se producen, las crisis de múltiple índole, en los diferentes gobiernos democráticos. El tratadista Nino indicaba que, los sistemas mixtos presentan atractivos notables, pero hay que tomar en cuenta que la actual coyuntura nos ha mostrado una mutación que debe dar pie a una fuerte subordinación y reformulación o paulatina reducción de los poderes ejecutivos.

No necesariamente suprimirlos, se puede dice Nino, configurarse institucionalmente, mediante técnicas perfectibles de veto suspensivo o reenvío, su participación dentro del diálogo institucional y permitir que la toma de decisiones se perfeccione con su intervención no definitiva.

El núcleo de la democracia deliberativa es la misma democracia representada en el parlamento y podemos aceptar parcialmente que existen serias dificultades materiales para la concreción de la democracia directa. La participación como derecho de derechos, que permite dar contorno a los demás, en la práctica legislativa evita la alineación legal fuente de anomia, apatía política y la falta de compromiso en la acción colectiva de auto gobierno.

Se debe de adecuar la infraestructura institucional del sistema de partidos políticos, el sistema electoral, el voto y su deliberación previa, el federalismo y hasta cuestiones centrales de una democracia limitada como los derechos a priori y la libertad de expresión, al ideal institucionalizado de la democracia deliberativa. La participación y la deliberación como derecho de derechos, pueden, para realmente extender las virtudes de la democracia en la transformación y agregación de preferencias, ser configuradas en instituciones sociales, como la empresa o los servicios públicos, permitiendo que ellas no sean sólo una práctica social reducida al ámbito acotado de lo institucional, sino que generen una arraigada cultura política democrática deliberativa. Muchas de las reformas institucionales pueden realizarse en un espacio de micropolítica, no necesariamente en grandes estructuras de poder.

Para mi, en Guatemala, le poder es sólo uno, el cual reside en el pueblo quien lo delega en los tres organismos para su ejecución, nuestra legislación establece la división de poderes conferida en los distintos organismos que forman el Estado, de igual manera, establece el sistema de pesos y contrapesos, que si bien es cierto, actualmente está desvirtuado y los propios actores que intervienen en ellos lo utilizan de una manera equivocada, al llevar a cabo estos sistemas para beneficio propio o de ciertos sectores, se debe de realizar un análisis profundo y sincero para encontrar los mecanismos necesarios para brindar fortaleza al Estado de Derecho, a sus instituciones y que de esta manera, los tres organismos que ostentan el poder delegado del pueblo, puedan realizar la función democrática a la que están llamados, la consecución del bien común.